Representantes de la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios ANCECO, encabezada por su presidente Jordi Costa se entrevistó el pasado día 8 con la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez para exponerle la falta de reconocimiento que existe en la legislación actual sobre las centrales de compra y, en definitiva, su valor en la economía española, que supone un 8% del PIB.

En España existen cerca de 400 centrales, de 47 sectores distintos, entre las que se encuentran algunas de ferretería, que agrupan a casi 60.000 pymes, con una facturación aproximada de 89.000 millones de euros y más de 430.000 empleados. En relación con la fiscalidad explicaron que “una central de compra negocia en nombre de sus asociados, mueve cantidades muy importantes de dinero y recibe rappeles de sus proveedores que más tarde son distribuidos a los asociados según los criterios definidos por cada central. Sin embargo, por el desconocimiento de su modelo de negocio, para Hacienda esta operativa resulta sospechosa”.

En la reunión se expuso que las centrales de compra garantizan la diversidad de formatos ya que permiten que las pequeñas y medianas empresas puedan competir al mismo nivel que las grandes empresas de distribución. Por otra parte, el comercio desempeña también una función como vertebrador del territorio porque hace posible que, por la mera existencia de comercio, nuestros pueblos ciudades puedan tener acceso a todo tipo de servicios y son, precisamente, las centrales de compra quienes permiten la existencia de este comercio de proximidad. En este sentido, las centrales de compra y servicios son indispensables para el mantenimiento y competitividad de las pequeñas empresas.

La representación de ANCECO destacó, también, el agravio comparativo que existe en temas fiscales entre las multinacionales que operan en el mercado nacional y que pagan impuestos muy bajos en otros países, y las pequeñas empresas españolas que generan puestos de trabajo de proximidad y contribuyen a la actividad económica de nuestro país y, además, pagan impuestos más elevados. Señalaron la preocupación sobre la venta en internet sin ningún tipo de control; la venta ilegal de los tops manta en las grandes ciudades; los establecimientos regentados por ciudadanos no comunitarios y que violan la normativa con total impunidad y algunos modelos de negocio falsamente considerados como economía colaborativa.