La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) teme que el juego político y partidista retrase hasta el próximo año la entrada en vigor del régimen sancionador que recoge la Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad. Por ello, pide agilizar los encuentros entre los distintos grupos del arco parlamentario para tramitar esta Ley antes de julio.

Y es que el cambio de Gobierno y la rivalidad entre el PSOE y el PP –que continúa presidiendo la Comisión de Economía, Industria y Competividad, donde se tramita la moción de dicha norma- podría hacer que las sanciones a los morosos no se pongan en marcha después del verano, tal y como estaba previsto antes de la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy y aupó a la presidencia a Pedro Sánchez.

En este sentido, Andimac, en línea con la postura de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), pide dejar de lado la aritmética electoral para sumar un respaldo a la iniciativa de Ciudadanos, el partido que hasta la fecha ha abanderado el refuerzo de la lucha contra la morosidad.

Así, Andimac defiende que redoblar los esfuerzos hoy en día es más necesario que nunca, puesto que el aumento que ha registrado la actividad constructora durante los últimos años como consecuencia del crecimiento económico lleva aparejado un repunte de los riesgos asociados a la morosidad, porque se están retomando vicios insanos del pasado. Además, estos riesgos son una de las principales amenazas para el comercio profesional de materiales de construcción.

Andimac también alerta de que el actual escenario de mercado no tiene nada que ver con el de anteriores ciclos de actividad, ya que los márgenes de las operaciones se han reducido y, por tanto, los impagos tienen un mayor potencial destructivo.

La dilación en los pagos lastra las cuentas del pequeño comercio de la distribución de materiales para la construcción, ahogándolo económicamente e impidiéndole desarrollar su negocio para hacer frente a la cada vez mayor competencia de las grandes superficies que, amparadas por la anacrónica Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN) en materia de plazos de pago y debido a su posición de fuerza ante sus proveedores, obtienen ventajas que les permiten financiar su propio crecimiento a costa de ellos.

Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, “la falta de un régimen sancionador hace que el actual sea un momento crítico para los distribuidores de materiales de construcción, obligados a cumplir con sus proveedores e incapaces, a menudo, de hacer imperar la ley a sus clientes. Además, el comienzo de su ciclo expansivo coincide con la recuperación de hábitos heredados del pasado que pueden terminar eliminando parte del tejido productivo de un sector de vital importancia para la sostenibilidad de la construcción en España”.