2020 acaba de comenzar y, como cada año, la morosidad vuelve a situarse como una de las principales preocupaciones de las empresas españolas. El dilatado retraso en el abono de las facturas ha propiciado que las compañías españolas pidan pagos por adelantado al entregar sus productos o servicios. De hecho, este procedimiento ha aumentado un 9% entre 2018 y 2019, según muestra el Informe Europeo de Pagos de Intrum, referente en prevención y gestión de impagos.

Sin embargo, a pesar de que cada vez más compañías toman esta medida de protección, el mismo informe sitúa a España como el país europeo en que menos empresas solicitan pagos por adelantado para evitar impagos. Concretamente, solo el 19% de las empresas españolas recurren a esta medida para no tener facturas pendientes, una cifra 20 puntos por debajo del promedio europeo (39%).

En el extremo opuesto, se sitúa Serbia. De las más de 12.000 organizaciones entrevistadas en 29 países, las compañías de este país de los balcanes son las que más recurren a los pagos por adelantado (65%).

Algo parecido es lo que sucede en las empresas griegas y de República Checa, que cierran el top 3 de los países más partidarios de los pagos por adelantado, con un 64 y 63% respectivamente.

Madrid, la región española más partidaria de los pagos por adelantado

En España, también hay diferencias respecto a la solicitud de pago por adelantado entre las diferentes comunidades autónomas. Las empresas de la Comunidad de Madrid son las más partidarias de aplicar esta medida de prevención contra impagos, ya que el 28% recurre al pago por adelantado para mantener a salvo sus cuentas, seguidas de las gallegas (25%) y catalanas (24%).

Una decisión que, junto a otras medidas de protección como la recuperación de deuda o las verificaciones de crédito, ha permitido que los negocios de estas tres regiones hayan perdido menos de un 2% de sus ingresos anuales por deudas incobrables.

En el extremo opuesto de la tabla, entre las menos partidarias de los pagos por adelantado para proteger sus cuentas, se encuentran las comunidades de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Menos del 10% de sus organizaciones opta por prevenir impagos solicitando el pago de una parte de la factura antes de entregar un producto o prestar un servicio.