La patronal de la reforma, Andimac, estima que la parálisis de este sector durante los dos meses que está previsto que se alargue el estado de alarma provocará unas pérdidas próximas a los 3.000 millones de euros en el ámbito de reforma y rehabilitación, después de la puesta en marcha del Real Decreto que obliga a detener la actividad constructora de acuerdo a las restricciones de movilidad para hacer frente a la crisis del coronavirus y frenar la propagación de los contagios.

La patronal sostiene que este segmento representa el 75% del valor de los materiales en edificación residencial -construcción nueva más reforma en edificios y viviendas- y más del 40% del sector en general. E indican que si bien es responsabilidad de todos luchar contra la crisis sanitaria, corresponde a la Administración velar por la Ley de Morosidad, cuyo incumplimiento implica una necesidad de liquidez para el sector de unos 7.000 millones de euros. En este sentido, Andimac señala que el cierre de actividad junto a los impagos de buena parte del material suministrado durante los últimos 90 días suponen cinco meses de pérdida de liquidez. Y advierte de que miles de empresas no podrán soportarlo debido fundamentalmente a su pequeño tamaño.

La patronal informa de que la caída de actividad en la construcción entre marzo y mayo rondará el 80%, de acuerdo con una encuesta de estimación realizada sobre 370 empresas. Y la reforma, alertan, será el segmento más afectado mientras dure el confinamiento.

Contra la morosidad

En este contexto, lamenta que la cuantía de los avales aprobados recientemente por el Gobierno sea insuficiente para facilitar la liquidez de las empresas, sobre todo teniendo en cuenta el incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad que sufre, en especial, este sector de actividad.

Por ello, Andimac propone implementar procedimientos para garantizar los contratos suscritos y debidamente ejecutados y no cobrados por saltarse la Ley, así como habilitar líneas de liquidez que permitan adelantar el cobro de los compromisos comerciales formulados y satisfechos que, como mínimo, vulneran esta Ley.

Paralelamente, la patronal sugiere crear un fondo de garantía de documentación comercial para asumir los compromisos de pago que exceden la Ley de Morosidad a 15 de marzo y dentro de los vencimientos acordados por las partes en sus contratos comerciales.

Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, “hay que generar mecanismos de financiación europeos que salvaguarden las constantes vitales de pequeñas empresas y autónomos saneados y solventes. En España, más de 350.000 trabajadores son autónomos de la construcción y la reforma, en este momento técnicamente parada. Y es que la construcción debe ser el principal motor para el arranque de la recuperación económica de España”.