La Administración Pública reinventa su estrategia para captar adjudicatarios de las licitaciones públicas introduciendo plataformas de inteligencia comercial para realizar búsquedas más precisas y mejorar su publicidad. El objetivo de este movimiento es facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en los procesos de contratación pública para ofrecerles un mayor abanico de posibilidades para hacer crecer su negocio.

Las Pymes suponen el 99,8 % del total del tejido empresarial, representando el 64,2 % del empleo en nuestro país. Sin embargo, los contratos públicos adjudicados en España a estas pequeñas empresas tan solo fue un 29,45% del total (dato de 2017). Sin embargo, como señalan desde la firma de soluciones analíticas, DoubleTrade, este ratio es muy bajo e implica que las administraciones facilitan más oportunidades de negocio a las grandes empresas que a las pequeñas. Por ese motivo, el Gobierno ha promovido una modificación de ley para mejorar la transparencia de las instituciones y empujarlas a que pongan más facilidades a las Pymes para participar en el sistema.
 

Se modifica la ley para mejor transparencia

Con este objetivo, la Ley 14/2022 de 8 de julio, obliga a las administraciones a hacer públicos todos los contratos públicos que se alcancen; haciendo especial hincapié en que cada organismo debe indicar el procedimiento y los instrumentos que han utilizado para publicitarlo. Este matiz implica una obligación velada a que las instituciones refuercen unos sistemas de publicidad que tradicionalmente eran poco eficientes y que ahora se apoyan en plataformas de inteligencia comercial para llegar a un mayor número de empresas.