El Parlamento Europeo aprobó en su último plenario en el mes de abril su posición sobre el nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, que establecía como regla general la reducción del plazo máximo de pago a 30 días, y el establecimiento de un régimen sancionador para todos los sectores económicos. 

Sin embargo, la aprobación del texto ha sido eclipsada por la propuesta de un texto alternativo por parte del Gobierno belga, que preside la Unión Europea, y que plantea modificaciones para aligerar el texto del Parlamento y entre las que se encuentra reconvertir la norma en una Directiva en vez de un Reglamento, lo que ocasiona una fragmentación de su aplicación, o la de ampliar el plazo máximo de pago a 30 días para numerosos sectores económicos así como eliminar muchas de las medidas propuestas destinadas a dotar de transparencia a las relaciones comerciales entre las empresas.

Para la aprobación definitiva del nuevo Reglamento europeo se precisa el acuerdo conjunto del Parlamento europeo y del Consejo.